A partir del 26 de mayo de 2023, las entidades públicas o privadas podrán ser multadas con hasta 1% de su facturación por infringir la Ley de Protección de Datos Personales.

El presidente de la Asociación Ecuatoriana de Datos Personales, Pablo Solines, aclara que para que esto sea efectivo debe estar constituida la Superintendencia de Protección de Datos Personales.

Solines es enfático en que la autoridad de control debe tener un perfil técnico, no político. Además, subraya que no existe una «receta única» para la implementación de la Ley por parte de una compañía.